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Los asesinos no pueden hacer justicia: Sobre las exhumaciones del Caracazo

Diferentes organizaciones y personas de Venezuela, con trayectorias en las luchas sociales, vinculadas a diversos planteamientos de izquierda crítica y anti-autoritaria, que hemos confluido en el espacio INSURGENTES, así como otras organizaciones sociales, políticas y activistas del país y de diversos lados del mundo, fijamos posición ante las exhumaciones del Caracazo.Después de 19 años el gobierno bolivariano, a través de la Fiscalía General de la República, realiza una segunda exhumación de los restos presentes en la fosa común de La Peste, en el Cementerio General del Sur en Caracas, donde se encuentran parte de las víctimas de la rebelión popular del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida como El Caracazo. De esta manera, el Estado venezolano cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en noviembre de 1999 lo condenó a investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como localizar, exhumar e identificar los restos de las víctimas para entregarlos a sus familiares, además de indemnizarlos por la violación del derecho a la vida.Si bien el cumplimiento de la sentencia ha sido un anhelo de los familiares, de diversas organizaciones populares y de derechos humanos, el actual proceso de exhumación ha sido objetado por una parte  de allegados y allegadas a las víctimas. En primer lugar por la nula información ofrecida a los familiares de las actuaciones que pretenden cumplir y ejecutar la sentencia, además de exigir una participación “activa y protagónica” durante todo el proceso.En declaraciones de prensa, la Fiscal GeneralLuisa Ortega Díaz ha afirmado que su despacho ha realizado “dos mil diligencias, en un lapso de tres meses”, las cuales son completamente desconocidas para las y los dolientes. No existe un trabajo de relación e involucramiento que promueva el protagonismo de los familiares durante el trabajo de identificación de los restos, además de la convocatoria burocrática a través de los medios para la entrega de recaudos en Fiscalía. Esto contrasta con las exhumaciones realizadas en 1990, cuando los familiares, tras recibir capacitación, resguardaron el sitio, elaboraron fichas antropométricas y participaron activamente en las labores del equipo científico, lo cual dejó un importante saldo organizativo y los ayudó, psicológicamente, a superar el dolor.

En segundo lugar, los familiares han solicitado, además del equipo forense designado por el gobierno nacional, la participación de un grupo científico internacional con experiencia en casos similares, avalado por organizaciones de derechos humanos. Esta modalidad, que ha sido promovida en reconocimiento de osamentas de masacres ocurridas en países como Perú y Argentina, generaría la confianza y transparencia necesaria en los resultados de la exhumación.

Una tercera petición es la prohibición de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en La Peste. Una nota de prensa oficial del Ministerio Público informó que “se propuso y existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades militares de no sólo prestar seguridad (día y noche) y resguardar el área en el que se harán las exhumaciones, sino además ubicar un galpón en Fuerte Tiuna –una instalación militar- para colocar los restos de las víctimas y realizar las debidas experticias con la eficiencia y rapidez necesaria”. Además, el equipo de trabajo designado por la Fiscalía para la exhumación está integrado, entre otros, por el director del Comando General del Ejército y el comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional. Esta situación es absolutamente inadmisible, ¿cómo pueden los militares que ayer cometieron esos asesinatos, hoy en funciones de gobierno, garantizar la transparencia y la justicia? Los asesinos, miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser juez y parte de las investigaciones.

• Rechazamos el hecho de que la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, haya avalado acríticamente las gestiones realizadas por la Fiscalía General, convirtiéndose en cómplice de las irregularidades. El proceso de exhumaciones ha sido convertido en un espectáculo mediático por parte de las autoridades, sin contar con la participación de los familiares.

• Exigimos que las averiguaciones revelen la responsabilidad de los órganos de las Fuerzas Armadas y de militares activos en altos cargos de poder, en la Masacre del Caracazo.

• Deploramos que personas que mantuvieron en su tiempo una actitud valerosa sobre los hechos –Matías Camuña, Comisión Justicia y Paz de Petare- se hayan prestado para criminalizar estas peticiones.

• Refutamos las calumnias de la integrante del partido de gobierno Fresia Ipinza contra los familiares, una persona señalada por su presunta participación en hechos de corrupción en los diferentes organismos donde le han sido asignadas funciones.

• Reclamamos que los mandos militares y policiales revelen el paradero de los más de 300 cuerpos que no están en La Peste y que fueron enterrados en fosas comunes desconocidas.

• Alertamos sobre el nefasto precedente que significa este procedimiento amañado para investigar violaciones graves a los derechos humanos por parte de los funcionarios policiales y militares. Tanto en los casos pendientes (El Amparo, Yumare, Cantaura, entre otros), como en los que puedan ocurrir en el futuro, contra ciudadanos, ciudadanas y activistas sociales, los responsables estatales serán quienes coordinen la implementación de la justicia, teniendo de esta manera todas las posibilidades para alterar y manipular evidencias, así como para garantizar su impunidad.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y sus peticiones. Denunciamos la labor de criminalización de la protesta y de sostenimiento de las injusticias por parte de la burocracia del Estado, tales como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Reiteramos nuestro compromiso con todas y cada una de las luchas de los oprimidos y oprimidas por alcanzar justicia social y libertad contra los privilegios de los patrones y amos del poder político y económico en el país.

Esta situación es una prueba más de que este gobierno continúa con la política del mismo Estado venezolano a través de su historia: reprimir a la población y garantizar la impunidad a sus verdugos.

Organizaciones adherentes (*):

• Periódico El Libertario

• Grupo de Estudio y Trabajo Pueblo y Conciencia (Maracay)

• Comité de Víctimas contra la Impunidad – Lara

• Unidad Socialista de Izquierda (USI)

• P.R.V. – Tercer Camino

• Cátedra de Formación Ideológica Universidad de Yacambú (Lara)

• La Vuelta al Conuco

• Escuela de Formación Obrera (Maracay)

• Justicia y Paz (Aragua)

• Centro de Educación y Capacitación para la Vida – CECAVID (Edo Lara)

• Asamblea de Ciudadanos “C.D”(Edo Lara)

• Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA (Lara)

•  La Libertaria de Dinira (Lara)

• Kondenados, Colectivo y Banda (Cantaura)

• Red Juvenil de Medellín (Colombia)

• Periódico “Libertad” (Buenos Aires)

• Grupo Cultural “Hij@s del Pueblo” (México)

• Cooperativa Cultura Libre (México)

• Movimiento Libertario Cubano

• Grupo Soberanía (Venezuela)

Individuos adherentes:


Domingo Alberto Rangel
, intelectual y escritor revolucionario venezolano

Hisvet Fernández, profesora universitaria y activista feminista. (C.I. 4.265.243)

Nelson Garrido, fotógrafo (CI V-5.412.265)

Pablo Gamba, periodista (CI V-6.979.138)

María Walter, activista social (CI V-3.970.313)

Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y editor independiente (CI V-11.599.339)

Cayetano Ramirez (CI V-10.353.293)

Daniel Cabezas Sánchez, estudiante y cantautor (CI V-14.892.698)

Yves Coleman, traductor (Francia)

Patrick Rossineri, activista social (Argentina)

Henry Ortega Spina NIE (España): X2429879-K

Jorge Tadeo Vargas, Profesor de educación media  y miembro del Colectivo Marea  Creciente (México)

Elda Munich, anarcofeminista DNI Nº: 16.863.710. Rosario (Argentina)

Alicia Zárate, artista plástica y ecologista (Argentina). C.I 5.310.565

Marina Legaz Bursuk, miembro de la Federación Libertaria Argentina (FLA)

Carlos Solero, profesor de sociología y miembro de la Biblioteca Alberto Ghiraldo, Rosario (Argentina)

Luis Prat, traductor y miembro de Industrial Workers of the World, IWW (USA)

Más adhesiones al correo electrónico: liberenagorki@gmail.com

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ORGANIZACIONES SOCIALES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO YUKPA

DENUNCIAN EL RECRUDECIMIENTO DEL

CONFLICTO EN LA SIERRA DE PERIJA

 

No es una “simple pelea entre indios”, como se pretende presentar mediáticamente, el hecho ocurrido este 13 de Octubre de 2009 entre las comunidades indígenas Yukpa de Shaktapa y Guamo Pamocha (ubicadas en la Cuenca del Río Yaza, Sierra de Perijá, estado Zulia) ambas aliadas en la lucha por su territorio ancestral, ha sido el resultado histórico del atropello, desplazamiento forzado y despojo de tierras a la que ha sido sometido el Pueblo Yukpa por ganaderos e intereses mineros en la zona y el manejo irresponsable actual del conflicto existente en la zona por parte de los funcionarios y funcionarias con competencias en materia de ambiente, tierra y pueblos indígenas, situación que dio lugar a otro 12 de Octubre sin entrega de los títulos colectivos para las comunidades que están en pie de lucha desde el 2008 y a su vez detonó componendas por parte de hacendados y parceleros contra los indígenas.

Las organizaciones sociales abajo firmantes hacen del conocimiento de la comunidad nacional e internacional queel enfrentamiento ocurrido  aproximadamente a las 7:00 p.m. del 13 de Octubre de 2009 tuvo como resultado dos (2) muertes y tres (3) personas heridas, entre ellas una niña. Entre los muertos se cuenta a Hevert García, hijo de Antonio García, Cacique de Río Yaza y esposo de Guillermina Romero, hija del Cacique de la comunidad de Shaktapa Sabino Romero Izarra y una joven Yukpa embarazada que se encontraba de visita en la comunidad de Guamo Pamocha cuyo nombre se desconoce. También resultaron heridos la niña Marylis Romero, de 11 años de edad, hija del cacique Romero; Edinson Romero, sobrino del Cacique Romero, quién recibió un disparo en la pierna, y el propio Cacique Sabino Romero Izarra quién se encuentra  gravemente herido con dos tiros, uno en cada brazo.

 

Un clima de tensión que tiene responsables

Este lamentable saldo ha sido el resultado del clima de tensión que se vive entre las comunidades Yukpa como consecuencia de múltiples factores, entre los que destacan la instigación por parte de hacendados organizados en GADEMA, en coordinación con el autodenominado Frente Campesino Revolucionario Wayuu que reúne a parceleros que han manifestado su intención de tomar posesión sobre las tierras de la sierra por propia mano. Otro factor que destaca es la acción de los funcionarios y funcionarias del gobierno nacional que se han encargado de fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones, y otorgamiento de créditos para los Consejos Comunales que son parte del “Plan Yukpa”, con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación que van acompañadas de los “Acuerdos de Convivencia con Terceros”, documentos que constituyen una manera de mantener la presencia y privilegios de hacendados y parceleros condenando a los indígenas a la exclusión. Tampoco se ha cumplido con la consulta previa e informada de los informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por la normativa vigente generando un clima de tensión que propicia la violencia y la presencia de mercenarios y sicarios.

En contra de la criminalización

Rechazamos la criminalización con la cual se pretende estigmatizar al Cacique Sabino Romero Izarra que se ha negado a transar sus derechos territoriales, en representación de su comunidad, manteniendo con firmeza sus demandas, asunto por el cual algunas autoridades consideran al Cacique Sabino el obstáculo fundamental para el proceso de demarcación y ha sido objeto de una campaña de desprestigio que lo trata de involucrar en el robo de ganado sin que existan pruebas de convicción en ese sentido. Esa matriz de opinión busca forzar un enfrentamiento entre los mismos indígenas y con los ganaderos de Machiques.  

El 12 de octubre circularon rumores en la Sierra de Perijá que se estaban ofreciendo cinco mil bolívares por la cabeza del Cacique Sabino Romero por parte de parceleros Wayuu y hacendados de la zona. También se ha intentado criminalizar a la comunidad de “Shaktapa” afirmando que es el “Chiapas” de la Sierra de Perijá y que el Cacique Romero no acepta los ofrecimientos de los funcionarios porque desconoce al Estado, lo cual es falso, con lo cual se busca invisibilizar sus reiteradas exigencias realizadas ante las autoridades responsables en el marco de la legislación vigente.

 

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de saldar efectivamente la deuda histórica con los pueblos indígenas, para lo cual debe brindar todos los tipos de protección (legal, territorial, ambiental, personal, sanitaria, alimentaria) a que está obligado por la Constitución y las leyes vigentes, a través de procedimientos administrativos expeditos y consensuados. El Estado debe abstenerse de realizar actos o permitir (aquiescencia) que terceros atenten contra la vida y derechos de los pueblos indígenas, especialmente hacendados y parceleros, que ponen en riesgo la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes territoriales indígenas.

 

Recomendaciones

Las organizaciones sociales que suscriben este comunicado solicitan al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el cese inmediato de la criminalización contra el Cacique Sabino Romero por parte de algunos funcionarios o funcionarias del Gobierno, así como la reestructuración de la Comisión Nacional de Demarcación y la Auditoría exhaustiva al Plan Integral Yukpa, ambas con participación de las comunidades indígenas. Asimismo, en términos del proceso de demarcación, se recomienda:

  1. Concretar las compras de las bienhechurías de las haciendas recuperadas (demanda recurrente de las comunidades Yukpa y orden presidencial desde agosto de 2008) como requerimiento esencial para generar un ambiente de seguridad y confianza que pueda dar paso a la demarcación.

  2. Inclusión efectiva de las autoridades ancestrales y tradicionales del Pueblo Yukpa en la toma de decisiones de los asuntos que les afecten más directamente como pueblo, de conformidad con el derecho Yukpa y la legislación indigenista vigente. El Estado debe incluir el protagonismo indígena en todo el proceso de demarcación, en particular, en el proceso de su planificación.

  3. Reformular los procedimientos para la consulta pública. En el caso Yukpa, la consulta debe ser comunidad por comunidad y cumpliendo el principio de información previa, libre y de buena fe. Los documentos importantes del proceso de demarcación, deben ser traducidos al idioma Yukpa.

  4. Garantizar que la demarcación cumpla con los criterios de “Tierras saneadas, sin hacendados ni minas” que ha sido la solicitud expresa y permanente de las comunidades Yukpa.

  5. La destitución de Sergio Rodríguez,Viceministro de Ordenación y Administración Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente porque es quién ha orientado está equivocada política.

  6. Revisión exhaustiva de la gestión de la Ministra Nicia Maldonado, encargada de la definición de las políticas hacia los pueblos indígenas.

Si no se reconoce la organización ancestral política Yukpa se están violando sus derechos políticos; si ellos no son los protagonistas del proceso de demarcación se vulneran sus derechos territoriales; si las casas que se les ofrecen no se corresponden con su modo de vida ancestral se está violentando su derecho a la vivienda; si no se hacen estudios de impacto ambiental y social, así como consulta previa de proyectos y políticas públicas para la zona se están violentando sus derechos culturales; y si no se entregan los títulos de tierra se está obstaculizando la constitución del Estado Multiétnico y Pluricultural que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 ¡CESE A LA POLÍTICA DIVISIONISTA

HACIA LOS PUEBLOS INDIGENAS!

¡CESE INMEDIATO AL DERRAMAMIENTO DE SANGRE DE LOS PUEBLOS YUKPAS DE PERIJÁ, NO MAS MUERTOS NI HERIDOS!

¡CESE INMEDIATO AL DERRAMAMIENTO DE SANGRE DE LOS PUEBLOS YUKPAS DE PERIJÁ, NO MAS MUERTOS NI HERIDOS!

¡LOS HACENDADOS, MINEROS Y SUS ALIADOS EN LA COMISION NACIONAL DE DEMARCACION NO DETENDRAN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS YUKPA POR LA RECUPERACION DE SUS TIERRAS ANCESTRALES!

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Universidad Indígena de Venezuela; Ojos Rojos Percepción Colectiva; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la UBV; Sociedad Homo et Natura; Foro Itinerante de Participación Popular; Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA); Mujer Quilombo; Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Comuneros del Sur; Escuela Popular de Formación Shema Sader; Cumbe de Mujeres; Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); Organización de Estudiantes Indígenas de Venezuela (ONEIVE); Cátedra Guaicaipuro de la UBV; Centro de Estudios e Investigación de Pueblos Indígenas de la UBV; El Grito de los Excluidos; Asociación Civil “Primeros Pasos de Mujer”; Periódico Proceso, La Libertaria

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A los pueblos del mundo, al pueblo venezolano, al gobierno de Venezuela.

Es un hecho histórico de las últimas décadas la insurgencia de los pueblos indígenas en la escena política de América Latina. Esto no es en modo alguno casual, por el contrario, se trata; por una parte, de la expresión de la crisis del modelo desarrollista y neoliberal que tanto el imperialismo y sus grandes corporaciones transnacionales pero también, los Estados-gobiernos nacionales del continente, han buscado imponer a lo largo y ancho de todo nuestro continente y; por el otro, de la necesaria respuesta indígena a esta propuesta neoliberal que busca liquidarlos como civilizaciones, especialmente, por cuanto pretende intervenir y apropiarse de sus últimos espacios territoriales. Se trata, por tanto, de una lucha territorial en la que a los pueblos indígenas se les puede ir la vida, de allí la fuerza ética y política de sus demandas.

Desde el levantamiento indígena Zapatista de 1994 en México hasta la confrontación de los indígenas de la Amazonia peruana este mismo año 2009, uno tras otro, los pueblos indígenas de América han venido insurgiendo en defensa de su persistencia cultural y civilizatoria que, saben, no es posible sin defender al mismo tiempo y hasta las últimas consecuencias, sus espacios territoriales.

De tal manera que, si para la nueva etapa capitalista urge a las corporaciones un reordenamiento territorial dirigido a hacer posible la intervención protegida de sus capitales en espacios duchos en biodiversidad, agua y energéticos, para los pueblos indígenas representa el momento de luchar a muerte por sus últimos territorios, en singular defensa de sus cosmovisiones y cosmovivencias.

A esta realidad no escapa Venezuela, mucho más cuando sabemos que, todo el potencial energético, de agua y biodiversidad presente en este país se encuentra emplazado en el subsuelo de los espacios territoriales indígenas: La Gran Sabana en el estado Bolívar; el estado Amazonas y la Sierra de Perijá en el estado Zulia. De allí que, cuando la Constitución Bolivariana (aprobada en 1999) se planteó como meta, a cumplir en dos años, la delimitación de los hábitats indígenas, los pueblos originarios sintieron y se aferraron con fe a la demarcación como esperanza y certeza de que su persistencia como culturas diferentes estaba asegurada. Sin embargo, la realidad no es tan simple ni pura como la esperanza indígena. Grandes y oscuras fuerzas entran en juego. Éstas intervienen para torcer el rumbo a favor de las corporaciones y del capitalismo involucrando incluso a gobiernos que, declarativamente, se identifican con la necesidad de justicia para los pueblos originarios.

La primera manifestación de que el rumbo en Venezuela se torcía fue la forma en que se configuró la Comisión Nacional para la Demarcación de Hábitats y Tierras Indígenas, constituida, fundamentalmente, por los Ministerios de Defensa; Energía y Petróleo; Producción y Minas; Ambiente y las Corporaciones de Desarrollo de las regiones involucradas (CVG en Guayana y CORPOZULIA en el Zulia). Por supuesto, se seleccionaron a algunos representantes de las comunidades indígenas, pero su presencia quedaba de por sí, mediatizada y minimizada ante la imponente fuerza de los representantes del Estado-gobierno, amén de que en su elección lo que menos privó fue la participación de sus comunidades de origen. Por mencionar un ejemplo, la representante indígena en la Comisión para la Demarcación de los Hábitats indígenas del Zulia es una wayuu que desconoce totalmente la realidad de los pueblos yukpa y barí. Asimismo, la Comisión Regional de Demarcación se constituyó con criterios técnico-políticos*, quedando las comunidades y sus representantes legítimos sin posibilidad de participar.

Esta Comisión nunca ha querido escuchar la palabra de las comunidades y, mucho menos, la de organizaciones ecologistas no gubernamentales que desde hace más de 20 años han venido trabajando con las comunidades en la defensa de sus tierras y culturas en la región de la Sierra. Por el contrario, ante cualquier crítica a sus procedimientos la actitud ha sido la descalificación con el maniqueo argumento de si quien hace la crítica es afecto o no al proceso de Chávez.

Todo ello ha degenerado en la situación que hoy se vive en el costado Yukpa de la Sierra de Perijá: La comunidad Yukpa de Chaktapa y su líder Sabino Romero que, ante la negativa a escuchar por parte de la Comisión Nacional y Regional de Demarcación, decidió recuperar su territorio, está siendo colocado por los funcionarios ministeriales como elementos “al margen de la ley”, ello en consonancia con el discurso y acción de las fuerzas oscuras antes mencionadas. Hoy, Sabino Romero está siendo criminalizado por esas fuerzas oscuras pero apoyadas “oficialmente” por el gobierno nacional a través de su Vice-Presidencia, el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Obras Públicas, quienes pretenden convertir al líder yukpa en la defensa y rescate de sus tierras tradicionales en un vulgar criminal, abigeo y hasta violador y, de paso, junto a él, pretenden criminalizar a uno de sus principales aliados en la lucha, como es el caso del Profesor Lusbi Portillo y su organización no gubernamental ecologista Homo et Natura.

Por todo lo anteriormente expuesto y, ante la grave situación en la que está en riesgo la libertad y la vida de Sabino Romero y la comunidad yukpa de Chaktapa, así como la del profesor de la Universidad del Zulia Lusbi Portillo, nosotros, los que abajo firmamos, nos dirigimos a los pueblos del mundo, al pueblo de Venezuela y al Gobierno del Presidente Chávez, para solicitar y exigir:

1.- Cese a la persecución y criminalización del líder indígena Sabino Romero y a la comunidad yukpa de Chaktapa que sólo está exigiendo el reconocimiento y recuperación de sus tierras tradicionales y ancestrales.

2.- Solicitamos del Presidente Chávez la revisión total y reorganización del proceso de demarcación territorial indígena realizado por la Comisión Nacional y Regional respectivas, pues, ambas han actuado a contracorriente de las justas aspiraciones de los pueblos afectados.

3.- Exigimos el respeto a la vida de Sabino Romero, amenazado de muerte por los hacendados.

4.- Exhortamos al Presidente Chávez a desconocer y anular toda concesión de explotación minera (petróleo, carbón, gas, uranio y cualquier otro mineral) en territorio indígena.

5.- Llamamos a todos los pueblos, organizaciones y personalidades identificadas con la posibilidad de construir otro mundo a sumarse a este llamado y a defender la vida de los pueblos y civilizaciones originarias de nuestro continente.

Movimiento de los Sin Tierra. Brasil
Vía Campesina. Brasil
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. EZLN
CONAIE. Ecuador
Minga de Resistencia Social y Comunitaria (Colombia) Clorofilazul (Venezuela)
Plataforma por los Derechos de los Pueblos (Venezuela)
Sistema Zamora Libre (Venezuela).

Personalidades:
Carlos Walter Porto-Goncalves. Brasil
Edgardo Lander. Venezuela.

Pablo Tasso. Argentina.
Efraín León. México.
Luis Fuenmayor Toro (Venezuela)

Doris Chávez (Venezuela),
Iris Argüello (Venezuela),
Luis González (Venezuela)
Luis Ángel Barreto (Venezuela)
José Javier Franco (Venezuela)
María del Mar Jaspe (Venezuela)
Elaine Centeno Álvarez (Venezuela)
Maya Mazzoldi Díaz (Venezuela)
Yalitza Ramos Gil (Venezuela)
Calixto Castro (Venezuela)
Luis Perales (Venezuela)
Deinys María León (Venezuela)

LucíaBorjas (Venezuela)
Amparo Gil Vanegas (Maracaibo, Venezuela)
Nicanor A. Cifuentes Gil (Maracaibo, Venezuela)
Nicanor Cifuentes Gómez (Maracaibo, Venezuela)
René Baralt (Venezuela)
Ruth Jiménez (Venezuela)
Milena Frontado (Venezuela)
Zaidy Ferandez Soto (Venezuela)
Carmen Salazar (Caimancito)
Lucía Morán (Venezuela)
Ángel Oroño (Venezuela)
Samuel Bravo (Venezuela)
José Javier León (Venezuela)
Norman Prieto (Venezuela)
Ana felicia Nuñez (Venezuela)
Tito Nuñez Silva (Venezuela )
Marianela Urdaneta (Venezuela)
Luis Medina (Venezuela)

Teresa Gamboa (Venezuela)

Horacio Oneto (Venezuela)
Juan Pablo Nuñez Morillo (Venezuela)
Miguel Ángel Hernández (Venezuela)
Luis Perales (Venezuela)
Orlando Chirino (Venezuela)
Elaine Centeno (Venezuela)
Maya Mazoldi Díaz
Yalitza T. Ramos G.
Calixto Castro
Luis Perales
Deynis María León
Lucía Borjas (Venezuela)
Douglas Carrasco
Omar González Ñañez
Juan Carlos Sotillo Meneses (Venezuela)
Juan C. La Rosa Velazco
Manuel Suárez
Yudith Contreras
Miguel Fuenmayor
Naile Figuera

Movimientos y Colectivos:

Plataforma por los Derechos de los Pueblos (Venezuela)
Clorofilazul (Venezuela)
Equipo Proyecto de la Comunicación Libre, La Mancha (Venezuela)
Corriente Clasista Revolucionaria y Autonoma (Venezuela)
Movimiento por la Unidad de los trabajadores Alfredo Maneiro-Patria Obrera (Venezuela)
Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes -FRIO (Venezuela).
Comuna Tierra y Hombres Libres (Lara-Venezuela).
Núcleo Endogeno Cultural Capirugente (Venezuela)
Fundación para el Ejercicio de los Derechos Culturales del Ciudadano (Venezuela)
Centro de Producción Audiovisual y Radiofónica- Escuela Comunal de Medios Populares (Venezuela)
Partido de la Revolución Venezolana-Tercer camino.
Colectivo Cuento, Fiesta y Candela-Radio Nido de Chuchuve. (Venezuela)
El Lápiz Rebelde (Venezuela)
Ateneo La Libertaria (Venezuela)
Colectivo Cultural Toromayma (Venezuela)
Colectivo Pólvora en la calle (Venezuela)
RPM 101.7 FM y Periódico El Bulevard

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Uribana: No seremos cómplices de la masacre


El pasado 25 de enero, un batallón de la Guardia Nacional, SEBIN y otros organismos de represión al mando del General del Comando Regional No, 4 y de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, ejecutó un asalto contra el Centro de Reclusión de Uribana, Edo. Lara, que culminó con una masacre de, según se estima, 60 personas asesinadas. De acuerdo con las denuncias de los familiares de los presos, las cifras son mucho mayores, ya que, señalan personas desaparecidas y/o enterradas dentro de los mismos recintos penitenciarios.
La acción fue justificada argumentando que el “Estado retomará el control de las cárceles” y mediante una serie de políticas que ha venido implementando el presidente Chavez y su gabinete de trabajo. Su objetivo era ocupar por asalto los espacios y aniquilar cualquier vestigio de articulación social al margen del asistencialismo de la Administración Penitenciaria. Esta política llamada “Humanización Penitenciaria”, no es más que un proyecto de simple maquillaje de los centros de tortura y humillación carcelaria para intentar disimular el grotesco negocio realizado alrededor de los pres@s. En el gobierno bolivariano los pres@s son, también, una simple mercancía. En su mayoría, lar cárceles están pobladas de personas provenientes de los sectores populares, (1) lo que demuestra la demagogia e hipocresía de un Estado que se ha vanagloriado de favorecer a los pobres.
Esta crisis penitenciaria es una consecuencia directa de la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la custodia de los penales. Estos  amedrentan a las visitas  familiares y someten a la población reclusa a las más denigrantes condiciones de subsistencia. La situación degradante de las prisiones es el caldo de cultivo ideal para llevar a cabo los millonarios negocios de la GNB, del funcionariado corrupto y otros órganos represores del poder como las policías. Organizaciones de Derechos Humanos como PROVEA señalan que son constantes las huelgas, autoflagelaciones, autosecuestro de visitantes, motines y secuestros de funcionarios, “… como respuesta a las deplorables condiciones de reclusión, al retardo procesal y en rechazo a la presencia de la Guardia Nacional.” (2)
Somos conscientes de que la degradación moral y física que sufren los presos dentro de las cárceles incide directamente en la situación de violencia e inseguridad que atravesamos. Degradación que se refleja no sólo en los altos índices de hacinamiento presentes en la mayoría de los penales, sino también, en la falta de servicios básicos, como agua potable, comida sana y/o electricidad y en las decadentes estructuras en las cuales deben permanecer. En suma, bajo éstas condiciones, y con el incesante y eminente proceso general de deshumanización, la cárcel va preparando a l@s privad@s de libertad para ser delincuentes al servicio y a las órdenes de los principales cuerpos policiales del país, camino que toman diversos presos para “sobrevivir” a la violencia en los penales, convirtiéndose así en peones al servicio del terrorismo de Estado.
Denunciamos la campaña de aniquilamiento físico y moral implementada por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Guardia Nacional Bolivariana contra la población reclusa y alertamos de los posibles planes Estatales futuros contra otras prisiones.
Queremos expresar nuestra más sincera muestra de solidaridad con los familiares de todos los presos, con los miles de presos que no son pranes, con las  madres y mujeres encarceladas así como con la población de LBGT de los penales ya que estos últimos sabemos deben también soportar las vejaciones asociadas a la sociedad patriarcal que hoy sufrimos.
Así mismo, nos pronunciamos contra la falsa matriz de opinión creada por los medios opositores y oficialistas de que “todos los presos son pranes” cuando la cruda realidad es que existen, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) más de 48.000 personas privadas de su libertad, muchas de ellas en espera de ser procesad@s y hacinadas en las peores condiciones en un número cada vez más reducidos de planteles, pues el hacinamiento en las cárceles llega a un 175% (OVP).
Hacemos un llamado a los movimientos sociales antagónicos y los grupos libertarios y autónomos a que se solidaricen con las personas privadas de su libertad y sus familiares.
Toda muerte y tortura en prisión es un crimen de Estado. Según el OVP, para el 2012 el número de muertos y heridos en las cárceles es de 591 y 1132 respectivamente, así; el silencio es complicidad.
Contra la política de exterminio del Gobierno Bolivariano en los Centros de Reclusión. Contra el silencio cómplice de los politiqueros de la MUD. Contra el reformismo de la llamada “Humanización penitenciaria”. Porque lo único que se puede hacer con las cárceles es abolirlas.
________________________
(1) El Informe de PROVEA (2011) sobre “Derechos de las personas privadas de libertad” señala que “un 68% se ubica en los estratos IV y V, pertenecientes a sectores en pobreza relativa y pobreza extrema o crítica”.

(2) PROVEA: Informe del 2011 sobre “Derechos de las personas privadas de libertad”.

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abya yala

Abya Yala, 05 de agosto del 2013

Señor

Nicolás Maduro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

 

De nuestra consideración:

 

Somos dirigentes y activistas de organizaciones de pueblos indígenas, campesinos y afro descendientes, movimientos sociales y ciudadanas y ciudadanos del Abya Yala, y le expresamos el enérgico rechazo a la represión que golpea al Pueblo Yukpa de la Sierra del Perijá de Venezuela, y en particular a la comunidad Chaktapa, y a los Romero, Fernández y otras familias de líderes indígenas.  Los Yukpa solo están luchando por su sobrevivencia como Pueblo, por Territorios, Agua y Recursos, Derechos consuetudinarios y colectivos, agredidos desde siempre por violentos hacendados, ganaderos, mineros, grandes empresas, del poder capitalista, que también sabotea el proceso bolivariano y extrañamente tienen el apoyo de las fuerzas militares de esa zona.

 

Alto a esta historia de despojo y violencia. Basta ya de más sangre Yukpa :

  • 1920-1970 : despojo territorial violento a los pueblos Yukpa  y Barí
  • 2008: Recuperación territorial y asesinato del Cacique Manuel Romero Izarra
  • 2009-2011: Cárcel por 18 meses de Sabino y Olegario Romero y Alexander Fernández
  • 19.12.11: Darío García Fernández (asesinado) y heridos Gabby y Gerardo Fernández Fernández
  • 14.04.12:  Heridas de bala a Wilfredo y Lorenzo Romero
  • 23.06.12: Asesinatos de Alexander y José Fernández Fernández, y Leonel Romero
  • 03.03.13: Asesinato del líder y Cacique Yukpa Sabino Romero

 

Hoy la situación es gravísima: Militarización de la comunidad Chaktapa. Otro Yukpa muerto. Temor por la vida de Sabinito, su madre Lucía y hermana Zenaida, de la ejemplar familia Romero. Temor por enfrentamientos más graves, inaceptables bajo las promesas de la “revolución bolivariana”, que no debe significar más opresión y represión a los que la resisten desde hace siglos.

 

Le solicitamos su intervención para que deje de responderse a un derecho indígena con la criminalización y militarización. Urge un cambio de rumbo: pacificación y diálogo social y político sobre las demandas indígenas. Controlar al mando militar de la zona para que no sea cómplice de hacendados reaccionarios. Solucionar la demanda territorial integral, colectiva y continua de los Yukpa, el control de sus bienes naturales, la consulta y consentimiento de proyectos extractivistas, la vigencia del derecho y justicia consuetudinaria. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas… sus derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan… garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles” (Art. 119º, Constitución Venezuela). Simplemente que el llamado “socialismo del siglo XXI” llegue también a los Yukpa y la Sierra del Perijá

 

Todos somos Yukpa. Apelamos a la intervención de las organizaciones indígenas del Abya Yala y del Foro Indígena de la ONU, Premios Nóbel de la Paz y luchadores por la libre determinación indígena contra el capitalismo y su colonialidad, racismo y despojo.

 

Nombre, Organización, País, Documento de Identidad

José  Ángel Quintero Weir, Organización Intercultural Wainjirawa, Venezuela, C.I. 4.535.369
Esteban Mejias, La Libertaria, Venezuela, C.I. 21.160.382

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